Camino al cambio: Vialidad propone consorcios rurales para mejorar el manteni-miento en Entre Ríos

Se llevó a cabo una reunión clave en el Salón Santa Rosa, convocando a vecinos de la zona de Perdices y Costa Uruguay Sur, con el objetivo de debatir la situación crítica de los caminos rurales y evaluar posibles soluciones. La reunión contó con la presencia del ingeniero Alfredo Bel, subdirector de Vialidad Provincial, y del responsable de coordinación de Consorcios Camineros.

Durante el encuentro, Bel —quien tiene una larga trayectoria como dirigente en Federación Agraria Argentina— no dudó en trazar un diagnóstico crudo: escasez de recursos, maquinaria paralizada y sin posibilidades de incorporar personal nuevo. Ante este panorama, explicó que el gobierno provincial impulsa la formación de Consorcios Camineros como estrategia principal para optimizar el uso de los fondos disponibles.

¿Qué es un Consorcio Caminero?

Se trata de una entidad jurídica sin fines de lucro, similar a una sociedad, que se inscribe en la Inspección General de Justicia (IGJ) y debe contar con un estatuto, al menos 28 miembros adherentes, un consejo administrativo de ocho personas y dos revisores de cuentas suplentes.

Una vez conformado, el consorcio recibe un monto anual por kilómetro de camino a mantener, que se presupuesta y certifica a través de Vialidad para luego liberar los pagos. En principio, no se transfiere maquinaria estatal, aunque eventualmente pueden gestionarse equipos en desuso para reactivar. La administración de los trabajos queda en manos del consorcio, pudiendo contratar equipos o recibir aportes de productores, vecinos o incluso juntas de gobierno.

El ingeniero Bel puso como ejemplo exitoso el Consorcio Caminero de Gilbert, vigente desde la década del ’80, que sirve como modelo para la zona.

Un proyecto con antecedentes y plazos

Durante la reunión, Ignacio Recare-Presidente de la Junta de Gobierno de Perdices- recordó que en 2018 ya se había intentado formar un consorcio en la región, pero distintos obstáculos impidieron su concreción. Esta vez, el funcionario de Vialidad señaló que hay un cambio de voluntad política: “Hoy el propio Gobierno está interesado en que esto funcione”, afirmó.

El plazo para manifestar formalmente la decisión de conformar un consorcio vence el 31 de agosto de 2025. Si se cumple con los trámites legales a tiempo, la nueva entidad podría comenzar a operar desde enero de 2026, y quedar incluida en el presupuesto provincial del próximo año.

Un desafío colectivo

Bel remarcó que la creación de un consorcio no ofrece una solución mágica ni inmediata, pero sí una vía sostenible a mediano plazo. El éxito dependerá del compromiso de vecinos dispuestos a participar en tareas administrativas, contables y de gestión ad honorem.

También se discutió la conveniencia de que el consorcio abarque una cantidad significativa de kilómetros por una cuestión de escala. Se sugirió además invitar a quienes participaron del intento de 2018, con el fin de fortalecer el proyecto con experiencia y volumen. Los productores y vecinos de estas Juntas reclamaron que una cosa es mantenimiento y otra es recuperar la traza de muchos caminos con obras importantes de alcantarillados y levantamiento de terrenos. Para ello el funcionario aconsejó armar un plan de trabajo con el apoyo técnico de Vialidad y presupuestando los trabajos específicos.

En conclusión, la provincia propone un modelo de gestión descentralizada, donde los propios vecinos sean protagonistas del mantenimiento de sus caminos. Un desafío que requerirá organización, consenso y, sobre todo, vocación de servicio para poner en marcha una herramienta que promete dar respuestas donde el Estado ya no puede solo.